Toda persona desde que nace es titular de unos derechos y unas obligaciones que se conservan independientemente de la edad, su estado de salud o cualquier otra circunstancia. Este hecho se conoce como capacidad jurídica.

Esta capacidad jurídica es inherente a las personas durante su vida y conlleva otra: la capacidad de obrar. Ésta hace referencia a poder ejercitar esos derechos y obligaciones que se nos otorgan al nacer. La capacidad de obrar se adquiere a los 18 años, con la mayoría de edad, y hasta entonces son los padres quienes ostenten la patria potestad de los menores que no pueden, por ejemplo, adquirir una propiedad, aceptar una herencia o arrendar un local. Es a partir de la mayoría de edad cuando se cuenta con competencia para realizar actos jurídicos, ya que se presume aptitud para ello.

Para poder obrar se requiere de conciencia, inteligencia y voluntad. Si no existen en suficiente grado, la ley obliga a suspender por cierto tiempo o de forma ilimitada la capacidad para realizar dichos actos jurídicos, en beneficio de la persona afectada y del modo menos restrictivo.

Toda persona desde que nace es titular de unos derechos y unas obligaciones que se conservan independientemente de la edad, su estado de salud o cualquier otra circunstancia. Este hecho se conoce como capacidad jurídica.

Esta capacidad jurídica es inherente a las personas durante su vida y conlleva otra: la capacidad de obrar. Ésta hace referencia a poder ejercitar esos derechos y obligaciones que se nos otorgan al nacer. La capacidad de obrar se adquiere a los 18 años, con la mayoría de edad, y hasta entonces son los padres quienes ostenten la patria potestad de los menores que no pueden, por ejemplo, adquirir una propiedad, aceptar una herencia o arrendar un local. Es a partir de la mayoría de edad cuando se cuenta con competencia para realizar actos jurídicos, ya que se presume aptitud para ello.

Para poder obrar se requiere de conciencia, inteligencia y voluntad. Si no existen en suficiente grado, la ley obliga a suspender por cierto tiempo o de forma ilimitada la capacidad para realizar dichos actos jurídicos, en beneficio de la persona afectada y del modo menos restrictivo.

El Código Civil español indica -normativa que regula este proceso legal- en su Artículo 200 que “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Es decir, esto incluye males de carácter físico o psíquico persistentes. No se cita en el Código Civil ninguna enfermedad en concreto, pero éstas deben afectar al conocimiento y a la voluntad para provocar esa pérdida o modificación de la capacidad de obrar.

Algunos ejemplos podrían ser:

  • Las psicopatías incapacitantes
  • Los trastornos de personalidad, incluidas las ludopatías
  • La psicosis crónica
  • La demencia
  • Los trastornos del desarrollo intelectual (moderados, graves o severos)
  • Alcoholismos , drogodependencia y farmacodependencia

Son necesarias numerosas pruebas antes de dictar un informe que permita la modificación de la capacidad de una persona y ello lo ha de determinar un/a Juez.

En un primer momento, y tras solicitarlo, con la audiencia de los parientes, el juez/a pregunta a al menos tres familiares cercanos por su relación de parentesco, sobre las dificultades que padece la persona afectada y si están de acuerdo con el procedimiento de incapacitación o modificación de capacidades.

Se practica también un examen, a la persona para quién se solicita el procedimiento de incapacitación, por parte del juez que da audiencia al presunto incapaz, y el letrado hablará con él para tener un criterio objetivo sobre su situación.

Son necesarias además pruebas documentales adicionales que acrediten la situación incapacitante y un examen médico de un especialista en psiquiatría o neurología, antes de emitir un informe.

 

AÑO 2020

Actualmente el Gobierno ha aprobado el proyecto que dará lugar a la reforma de Ley por la que se sustituirá la incapacidad e incapacitacion de las personas con discapacidad por la curatela, permitiendo la toma de decisiones de una forma más libre y autónoma en función de sus capacidades y respetando los derechos inalienables.  Las personas que sufran una patología que les impida total o parcialmente la dirección de su propia vida, no perderán con facilidad su capacidad jurídica, sino que recibirán los apoyos que se valoren necesarios para ejercerla.  

Los cambios legislativos que han de realizarse para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con la Adhesión a la Convenión de la ONU sobre los derechos de la Personas con Discapacidad, siguen adelante, y en futuro próximo ya no habrá que demostrar la incapacidad, sino que se valorarán las capacidades existentes para establecer una serie de apoyos específicos individuales, dependiendo del grado y tipo de discapacidad, sin que se pierda el derecho a la libre toma de decisiones.

  • Se trata de una medida de protección y de asistencia para la toma de decisiones prevista por la Ley, que habitualmente afecta a las personas que por diversos motivos necesitan algún apoyo para ejercer su capacidad de obrar. Podemos estar ante personas de cualquier edad y también se incluyen las enfermedades sobrevenidas por la edad.

    Al modificarse la capacidad de obrar se designa a una persona que realice en nombre de la persona incapacitada o con capacidades modificadas, actos de trascendencia jurídica. La modificación podrá ser total o parcial.

¿Quién puede solicitarlo?

Según el Código Civil, podrán solicitar el inicio de este procedimiento la persona a quien afecta el proceso, el cónyuge o pareja de hecho, los descendientes, los ascendientes o los hermanos. Las autoridades y funcionarios públicos que por su cargo conozcan la existencia de una posible situación de incapacitación, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Cualquier persona puede acudir al Ministerio y comunicar la situación de una persona que necesita una modificación en su capacidad de obrar, así como los hechos que pudieran determinar o aconsejar su incapacitación, con el propósito de protegerle.

Este procedimiento judicial puede ser a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal y conlleva una serie de trámites marcados por la ley, que son:

 

  1. El proceso comienza con una demanda o solicitud presentada a un Juez, detallando la situación de una persona que requiere de algún apoyo. Se hace un examen exhaustivo de las pruebas (dictamen médico) entregadas para valorar si se continúa con el procedimiento o no. Dicha solicitud tendrá que incluir quién será el curador o guarda de hecho (si se trata de una persona adulta).
    • Dictamen médico: es un informe del facultativo indicando cuáles son las dolencias psíquicas que sufre la persona para la que se solicita el procedimiento. Con este documento se informará al Juez de las circunstancias del caso concreto y de la imposibilidad que la persona tiene para gobernarse a sí misma.
    • Curador o guarda de hecho: será quien represente legalmente a la persona cuya capacidad de obrar será modificada. Puede ser una persona, varias o una entidad tutelar.

 

  1. Después de valorar el Juez si continuar o no con el procedimiento, llegará una notificación a la casa de la persona para la que se solicita dicho procedimiento. Esta será la contestación a la demanda.

 

  1. Si la demanda se admite, el procedimiento continuará y tendrá lugar un juicio. En esta audiencia, el juez oirá personalmente a la persona cuya capacidad se modificará, para así garantizar una decisión justa y con todas las garantías para su persona. También escuchará a los familiares y otras personas cercanas. Pedirá la valoración del forense y cualquier otro profesional que considere necesario.

 

  1. La autoridad judicial siempre solicitará la realización de otra prueba pericial médica, independiente del primer dictamen que la familia aportó y finalmente dictará sentencia.
  • Si el juez valora que la persona no necesita apoyos, en la sentencia se desestimará el procedimiento iniciado.
  • Si el juez valora que la persona sí necesita apoyos, se indicará el grado de incapacitación- (para qué actividades, decisiones, cosas necesita apoyo ajustándose a las capacidades mantenidas) y la persona, personas o entidad tutelar que ejercerán la curatela o la guarda de hecho.
  • En España, la demanda que se entrega para dar comienzo al proceso de modificación de la capacidad de obrar, se debe entregar en el Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia de la persona, y es necesario contar con un abogado y un procurador.
  • La Ley permite incapacitar a los menores de edad cuando se prevea que su enfermedad persistirá tras cumplir los 18 años. En estos casos, además, no esperar puede ser lo más conveniente. Pero sólo la pueden solicitar los progenitores que ostenten la patria potestad.
  • Cuando fallecen los padres de la persona cuya capacidad ha sido modificada, es habitual que la familia solicite la incapacitación. Los progenitores deben pedirla en vida (entre los 14 y 18 años de la persona afectad) y hacer un testamento en el que se nombra tutor.
  • Si los padres fallecen y los familiares no pueden o no desean asumir la tutela, cabe la posibilidad de que personas jurídicas (asociaciones, fundaciones tutelares, etc.) ostenten el cargo de tutor.

 La curatela es la situación jurídica en que un curador –persona  encomendada para ejercer dicha acción- completa la capacidad de obrar de una persona cuyas capacidades han sido modificadas judicialmente. Se trata de un mecanismo de protección de una persona con discapacidad y de sus bienes.

 

En una situación de curatela la persona con la capacidad de obrar modificada no pierde su derecho a la libre toma de decisiones, sino que contará con una serie de apoyos para ejercerlo de la mejor forma posible y en función de las necesidades que puedan surgir de su discapacidad. La actuación del curador será intermitente, mientras que en el caso del tutor/a será continua.

 

El curador o guardador de hecho es el representante legal de la persona incapacitada, pero hay actos de carácter extraordinario, para los que se necesita una autorización judicial.

La curatela se establece en caso de una modificación parcial de la capacidad de obrar, cuando se conserva –aunque mermado- el gobierno de los propios asuntos. La función del curador es asistir a la persona con discapacidad en los actos indicados por sentencia. Puede ser para la administración de sus bienes o sólo para prestar asistencia en el seguimiento del tratamiento médico. No representa al enfermo en asuntos legales.

Por ejemplo un curador/a puede dar cobertura a una persona que padece una esquizofrenia paranoide que le dificultad gestionar sus actos económicos.

En cambio, la tutela se establece en caso de una modificación total de la capacidad de obrar. Por ejemplo, una persona que tiene demencia senil y está imposibilitada para regir su vida y sus actos, u otro tipo de enfermedad que le impide dirigir su propia vida.

La Ley establece un orden de preferencia para su designación: cónyuge o pareja de hecho, siempre que conviva con la persona que precisa apoyo; hijo o descendiente; progenitor o, en su defecto, ascendiente; hermano, pariente o allegado que conviva con la persona; quien esté actuando como guardador de hecho; persona o personas que el cónyuge o pareja conviviente o que los progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público. El Juez puede alterar el orden en beneficio de la persona que precisa apoyo.

Podrán serlo también las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción y asistencia a las personas con discapacidad.

Por otro lado, el Código Civil, en sus artículos 273, establece quiénes no pueden desempeñar la función de la curatela:

  • A quien haya sido excluido por la persona necesitada de apoyo.
  • A quien haya sido condenado por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñará bien la curatela.
  • A quien tenga conflicto de intereses con la persona necesitada de apoyo.
  • A quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, salvo que la curatela lo sea solamente de la persona.

El curador deberá:

  • Mantener contacto personal con la persona necesitada de apoyo y desempeñar las funciones encomendadas con la diligencia debida.
  • Asistir a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando su voluntad, deseos y preferencias.
  • Hacer inventario de los bienes del tutelado y presentarlo al juez. Él puede decidir que el dinero, valores o joyas queden en depósito, y no en poder del tutor.
  • Velar por el tutelado y, en particular, procurarle alimentos, educarle con la formación integral, promover la adquisición o recuperación de su capacidad y su mejor inserción en la sociedad, informar al juez cada año sobre la situación del incapacitado y rendirle cuentas de su administración.
  • Como administrador legal del patrimonio del incapaz, debe actuar siempre con diligencia y en beneficio de su tutelado.
  • El curador o guardador de hecho es el representante legal de la persona incapacitada, pero hay actos de carácter extraordinario, para los que se necesita una autorización judicial: internar al tutelado en algún centro, vender o gravar bienes inmuebles y valores inmobiliarios, renunciar a derechos, aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, realizar gastos extraordinarios, ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis meses o dar y tomar dinero a pré

No es obligatorio. Las personas designadas podrán excusarse del cargo por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, o por falta de vínculos con la persona tutelada, entre otras razones siempre justificadas.

Las personas jurídicas podrán excusarse del cargo cuando carezcan de medios suficientes para ejercerlo de forma adecuada.

Para alegar cualquier excusa rechazando el cargo, habrá que hacerlo dentro de un plazo de 15 días desde el nombramiento ante un juez.

El Código Civil sí obliga a promover la modificación de la capacidad de obrar a los parientes y personas bajo cuyo cuidado esté el afectado siempre que suponga un beneficio para él. Si no lo hacen, se les puede declarar responsables solidarios de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados. Dependerá de las circunstancias de cada persona. No se aconseja por ejemplo, incapacitar a una persona con demencia, si la familia así lo acuerda, porque no supone un beneficio para ella.

En caso de que la persona discapacitada mejore, en cualquier momento posterior, por nuevas circunstancia, se puede solicitar otro procedimiento que deje sin efecto el anterior o modificar los términos de la incapacitación.

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