Ya en 2018 el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, que fue entonces aprobado. En julio de 2020, dos años después, ha vuelto a llevarse al Congreso este documento para comenzar a tramitar la nueva norma. La intención es dejar atrás la incapacitación de las personas con discapacidad entendida como estado civil e introducir cambios en la regualción de las instituciones de guarda y protección de esats personas. Con esta reforma la incapacidad judicial de transforma en necesidad de apoyo para respetar la voluntad de las personas con discapacidad.

Todas las personas nacemos con capacidad jurídica, y está se protege con la patria potestad hasta que cumplimos la mayoría de edad. En el caso de las personas con discapacidad adultas, el proceso de incapacitación judicial les quita el derecho a la toma de decisiones propias con libertad, pues el tutor o tutora puede decidir por ellos.

Las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada quedan eliminas, pues según la Dirección General de Políticas de Discapacidad, no responden al sistema de promoción de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto de ley aprobado en 2018 que además sigue los marcado por la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ésta dice que se deberán establecer medidas que aseguren el ejercicio de la capacidad jurídica, pero que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, respetando sus derechos, su voluntad y sus preferencias.

A partir de la aprobación de esta reforma de ley, las personas con discapacidad tendrán un apoyo para tomar decisiones sobre su propia vida, en mayor o menor medida según las necesidades que presenten, pero nunca perderán el derecho a decidir, ni su dignidad ni su valía. Habrá tres figuras que sustituyen la tutela: guarda de hecho, curatela y defensor judicial, y son clave para atender ese apoyo que engloba desde ayudas técnicas en la comunicación a la ruptura de barreras arquitectónicas por ejemplo.

El anteproyecto de ley tiene 7 artículos que afectan a varias normas de la legislación civil y procesal. Se propone la reforma de la Ley de Notariado, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, de Enjuiciamineto Civil, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de Normativa Tributaria, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria.

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