Toda persona desde que nace es titular de unos derechos y unas obligaciones que se conservan independientemente de la edad, su estado de salud o cualquier otra circunstancia. Este hecho se conoce como capacidad jurídica.

Esta capacidad jurídica es inherente a las personas durante su vida y conlleva otra: la capacidad de obrar. Ésta hace referencia a poder ejercitar esos derechos y obligaciones que se nos otorgan al nacer. La capacidad de obrar se adquiere a los 18 años, con la mayoría de edad, y hasta entonces son los padres quienes ostenten la patria potestad de los menores que no pueden, por ejemplo, adquirir una propiedad, aceptar una herencia o arrendar un local. Es a partir de la mayoría de edad cuando se cuenta con competencia para realizar actos jurídicos, ya que se presume aptitud para ello.

Para poder obrar se requiere de conciencia, inteligencia y voluntad. Si no existen en suficiente grado, la ley obliga a suspender por cierto tiempo o de forma ilimitada la capacidad para realizar dichos actos jurídicos, en beneficio de la persona afectada y del modo menos restrictivo.

La Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es un tratado, un pacto sobre derechos humanos que han elaborado representantes de la comunidad internacional: personas con discapacidad, funcionariado gubernamental, representantes de organizaciones no gubernamentales y personas relacionadas con el tema. El objetivo es lograr cambiar la visión y el trato hacia las personas con discapacidad en sus sociedades.

Este documento es el primer instrumento internacional de carácter jurídico que garantiza que cada uno de los Estados miembros del pacto, que lo han ratificado, se comprometen a fomentar y proteger los derechos y libertades y garantizar el acceso libre e igualitario de las personas con discapacidad a los derechos y a las oportunidades que tiene el resto de la población.

Esta base permite y obliga a cada Estado que lo ratifica a aprobar, dentro de sus propias legislaciones nacionales, normativas sobre derechos civiles destinados a mejorar la vida de esas personas. España lo ratificó en 2008, pero aún falta mucho camino legislativo que recorrer.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen en el mundo alrededor de 650 millones de personas con diversas discapacidades.  La discapacidad engloba un amplio rango de condiciones individuales, que suponen una limitación a corto, medio o largo plazo -física, mental, intelectual o sensorial- para el desarrollo de las actividades de la vida, un impedimento en la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

 La discapacidad puede afectar a todas las personas, de todas las edades -niñas y niños, jóvenes y adultos, y especialmente afecta a las personas mayores-,  siendo grupo mayoritario el de las personas mayores.

La discapacidad afecta a todas las clases sociales, siendo las más empobrecidas las  que lo sufren con mayor intensidad porque los recursos para hacerle frente son mucho más escasos.

En el Informe Mundial sobre Discapacidad presentado en 2011 se resaltaba que la Discapacidad sería un problema cada vez más presente en la sociedad, ya que existe una mayor prevalencia debido al incremento de la esperanza media de vida de la población mundial. Al sumar más años se incrementa el riesgo de sufrir un mayor número de merma de capacidades por la pérdida paulatina de las mismas, dentro del proceso natural de envejecimiento.

Esta situación afecta en mayor medida a las mujeres, por su mayor esperanza de vida, siendo bien distintas las situaciones de pérdidas de oportunidades si ésta discapacidad se produce en etapas iniciales de la vida o en las etapas finales. Además las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, también en la vejez. Por ello se incorpora la perspectiva de género en lo relacionado con la discapacidad que afecta a las mujeres en múltiples vertientes y en todas las edades.

Propósito de la Convención

El objetivo principal de la Convención es promover, proteger y asegurar el disfrute y la igualdad de condiciones en todos los derechos humanos y libertades de todas las personas con discapacidad; y promover el respeto de su dignidad inherente.

 

Palabras Comunes de Diversidad

Son palabras transversales de la Convención para comprenderse y comunicarse:

  • «Comunicación” incluye los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizados y otros modos y formatos.
  • “Lenguaje”, incluye tanto el lenguaje oral como la lengua de signos y otras formas de comunicación no verbal.

 

Principios generales en Discapacidad

  1. Respeto a la dignidad, autonomía, la libertad de decisión y la independencia.
  2. No discriminación.
  3. Participación e inclusión.
  4. Respeto a la diferencia.
  5. Igualdad de oportunidades.
  6. Accesibilidad
  7. Igualdad entre hombres y mujeres.
  8. Respeto al desarrollo gradual de los niños y niñas con discapacidad.

 

Obligaciones generales

Promocionar el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, obligando a los Estados Parte a modificar cualquier ley, norma, costumbre, reglamento, práctica, etc., si supone una discriminación hacia las personas con discapacidad.

Los gobiernos tendrán que aplicar lo recogido en la Convención en el menor tiempo posible para así garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Para modificar sus leyes o políticas, los Estados Parte tendrán que consultar a las personas con discapacidad, niñas y niños, a través de las organizaciones que las representan.

 

Igualdad y no discriminación

Los Estados parte reconocerán que todas las personas son iguales ante la ley, y por tanto modificarán todo lo necesario para evitar cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad.

 

Mujeres con discapacidad

Las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a muchas formas de discriminación como bien es sabido. Por tanto, los Estados Parte se comprometen a modificar todo lo necesario para asegurar sus derechos y libertades fundamentales.

 

Niños y niñas con discapacidad

Garantizar que no se vulneren los derechos y libertades de niños y niñas con discapacidad, y la igualdad de condiciones con sus iguales en los distintos ámbitos de la vida.

 

Toma de conciencia

Se insta aquí a que los gobiernos tendrán que educar a toda la población en el respeto, la aceptación y la normalización de las distintas capacidades, habilidades y méritos de las personas con discapacidad.

Se pretenden erradicar todo tipo de prejuicios y estereotipos hacia este colectivo, potenciando una imagen más positiva, desde la sociedad, desde los gobiernos y desde los medios de comunicación.

 

Accesibilidad

Los gobiernos se comprometen a asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a las demás personas, al transporte, el entorno, la información y las comunicaciones. Además se insta a los Estados Parte a modificar y supervisar las instalaciones de uso público para que sean totalmente accesibles, a nivel físico y a nivel comunicativo.

 

Derecho a la vida

Este artículo reafirma el derecho a la vida de todas las personas, haciendo a los gobiernos responsables de aplicar todas las medidas pertinentes para garantizar este derecho.

 

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Los Estados Partes tendrán el deber de garantizar la seguridad y protección de todas las personas con discapacidad en situación de riesgo, incluyendo conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

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Igual reconocimiento como persona ante la ley

Se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, e insta a los gobiernos a proporcionar los apoyos necesarios a estas personas para ejercer plenamente su capacidad de jurídica, garantizando el derecho a tener propiedad, heredar, controlar asuntos económicos propios, etc.

 

Acceso a la justicia

Las personas con discapacidad tendrán acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Además los gobiernos deberán hacer las modificaciones necesarias para adaptar los procedimientos y el acceso a la justicia, para así asegurar el pleno acceso y un trato justo, formando y capacitando incluso a quienes trabajan en la administración de justicia.

 

Libertad y seguridad de la persona

Los gobiernos deberán asegurar que la ley protege la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad igual que la de las demás personas.

 

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Los gobiernos deberán asegurar protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, evitando que las personas con discapacidad sean sometidas a este tipo de situaciones.

 

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

Las personas con discapacidad tendrán protección por parte de los gobiernos contra la explotación, la violencia y el abuso. Tendrán que existir servicios que prestarán los Estados a esta personas en caso de haber sufrido alguna de aquellas situaciones, para asegurar así la recuperación, la rehabilitación y la reintegración social.

 

Protección de la integridad social

Derecho de las personas con discapacidad a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.

 

Libertad de desplazamiento y nacionalidad

Las personas con discapacidad tendrán el mismo derecho que las demás personas a moverse por el territorio, a tener una nacionalidad y poder salir y entrar de su país; y a tener y utilizar documentación de identificación. Además los niños y niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de nacer, teniendo derecho a un nombre, una nacionalidad y, dentro de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.

 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Tendrán derecho a la libre elección de la vivienda, el lugar y la compañía de las personas con discapacidad intelectual. Será necesario adaptar y hacer lo más accesibles posible las instalaciones y servicios comunitarios, para que estas personas tengan libertad de uso en igualdad de condiciones que las demás personas.

 

Movilidad personal

Apoyo a la movilidad de calidad e independiente, dentro de lo posible, de las personas con discapacidad intelectual, facilitando el acceso a formas de asistencia humana o animal, o a apoyo tecnológico.

 

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

Derecho a la libertad de expresión y opinión de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Se insta a adaptar la información y servicios que la sociedad ofrece a las necesidades de las personas con discapacidad, normalizando cualquier formato de comunicación, atendiendo a lo indicado en el artículo 2 de esta Convención.

                     

Respeto de la privacidad

Los Estados Partes deberán asegurar la protección de la intimidad y privacidad de las personas con discapacidad.

 

Respeto del hogar y de la familia

Los Estados Partes deberían proteger la libertad de elección en lo referente al matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, para acabar con la discriminación hacia las personas con discapacidad en lo referente a estos ámbitos.

Obligación de los gobiernos a prestar atención a las situaciones que puedan ser hirientes para niños y niñas dentro del seno familiar. En estas situaciones deberán intervenir de forma que éstos sufran lo menos posible.

 

Educación

Las personas con discapacidad tienen pleno derecho a una educación sin discriminación, en igualdad de condiciones y adaptada a sus necesidades, para desarrollar su persona al máximo, igual que las demás personas. Los Estados Partes tendrán que supervisar que no se discrimina a nadie por motivo de discapacidad.

También tendrán que adaptar las formas de comunicación, atendiendo a las diferentes necesidades y capacidades.

 

Salud

Los Estados Partes tendrán que ofrecer a las personas con discapacidad servicios y programas de atención sanitaria del más alto nivel, gratuito o a unos precios asequibles. Además deberán ser servicios de proximidad, incluso en las zonas rurales.

Las personas con discapacidad no podrán ser discriminadas por motivo de su discapacidad y tendrán que ser atendidas en igualdad de condiciones que las demás, teniendo acceso a los mismos servicios y programas.

 

Habilitación y rehabilitación

Los Estados Partes tendrán que generar recursos, establecer medidas y apoyar la participación e inclusión social de las personas con discapacidad, para que puedan lograr y mantener la máxima independencia en todos los aspectos de la vida. Y los gobiernos tendrán que prestar servicios para cubrir y apoyar en aquellos ámbitos que las personas con discapacidad precisen.

 

Trabajo y empleo

Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que las demás a ganarse la vida con un trabajo elegido libremente, en igualdad de condiciones que las demás personas, teniendo en cuenta las necesidades individuales que puedan tener pero sin suponer esto una discriminación.

 

Nivel de vida adecuado y protección social

Las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, sin discriminación por motivos de discapacidad. Serán los gobiernos los encargados de proteger el derecho de estas personas a la protección social y de asegurar el acceso en igualdad a los servicios más básicos. Deberá además prestar asistencia a las personas con discapacidad que vivan en situación de pobreza.

 

Participación en la vida política y pública

Los gobiernos deberán asegurar la posibilidad de participar en la vida pública y política a las personas con discapacidad, adaptando todo lo necesario.

 

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte

Los Estados Partes tendrán que asegurar el derecho de las personas con discapacidad al acceso y disfrute del ocio y tiempo libre en igualdad de condiciones que las demás personas, adaptando espacios y formatos de comunicación a las distintas necesidades. Facilitarán también el desarrollo de sus capacidades creativas, para su propio beneficio y el de la sociedad, teniendo la ley de protección de los derechos de la propiedad como marco legal y sin que suponga en ningún momento una discriminación por motivo de discapacidad.

 

Recopilación de datos y estadísticas

Los Estados Partes tendrán que recoger información para poder formular y aplicar políticas conforme a esta Convención, respetando las leyes establecidas y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 

Cooperación internacional

Los gobiernos deberán prestarse ayuda para aplicar todo lo recogido en esta Convención, facilitando además una cooperación internacional inclusiva y accesible.

 

Normas de aplicación, ejecución y vigilancia de la Convención.

Este conjunto de artículos definen la forma en que los gobiernos y las personas adultas, sobre todo las que tienen discapacidad y las organizaciones que las representan, deberían colaborar para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad.

1.- Población afectada en España

Según la última encuesta del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre población con discapacidad en 2008, en España 3.8 millones de personas afirman tener alguna discapacidad o limitación. De esta cifra, el 59,8% son mujeres, viéndose una clara diferencia con la afectación en la población masculina.

La discapacidad más habitual es la movilidad, es decir, las limitaciones para moverse o trasladar objetos: un 67,2% de las personas con discapacidad presentan esta dificultad. Le siguen las poblemáticas surgidas con las tareas domésticas con un 55,3% y las tareas de cuidado e higiene personal con un 48,4% de la población con discapacidad.

Cabe destacar que el progresivo envejecimiento de la población trae consigo importantes cambios en la pirámide poblacional en España, siendo uno de los efectos el aumento de las personas con discapacidad. Siendo la edad es un factor determinante en la aparición de este fenómeno, los porcentajes de población con discapacidad aumentan claramente conforme ésta avanza: las personas de 74 a 84 años las que más la sufre, 2 millones de personas.

 

2.- Situación de los derechos de las personas con discapacidad en España

A partir de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad se publica la , ratificada por nuestro país en 2008.

La discapacidad es una condición social y no una situación simplemente individual, porque para recorrer el camino de la inclusión hay que cambiar la mirada: el sistema tiene que adaptarse a las personas, no al revés.

Esta nueva visión de las personas con discapacidad, pasando de ser meros sujetos de tratamiento y protección social a sujetos plenamente titulares de derechos se inicia su regulación a través Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Descargar).

 

Los cambios más relevantes regulados en 2011 son:

Esta Ley recoge algunos de los cambios acordados que afectan a otras normativas vigentes hasta la fecha de publicación, adaptándolas a lo establecido en la Convención de la ONU de los Derechos de las personas con discapacidad. (Descargar)

 

Otros cambios legislativos relevantes:

 

Propuesta del Gobierno al Congreso de los Diputados, sobre otras modificaciones legislativas de gran importancia. Pendientes de aprobación:

  • Se modificará la legislación civil y procesal española en materia de discapacidad y tutela. En julio de 2020 se adecua el Código Civil para cumplir el artículo 12 de la Convención de la ONU, que obliga a los Estados parte a garantizar la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, sin restricciones ni exclusiones, dando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso sin sustituir a la propia persona.

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