La privatización y subcontratación facilitan en ocasiones, por la falta de inspección, la inadecuada formación de los profesionales que prestan estos servicios; una acción que no se permitiría en otros servicios profesionales de atención y cuidado, y mucho menos en el ámbito sanitario.

Asegurar el consentimiento es deber de los profesionales sanitarios, han de estar capacitados y saber qué implica, pudiendo así ofrecer una experiencia más cercana al paciente, resolviendo cualquier duda sobre el procedimiento y haciendo accesible la información. El consentimiento se recoge en los derechos de integridad física y moral (art. 15 CE) y dignidad de la persona (art. 10), y se regula por la Ley Orgánica 41/2002 sobre la protección de derechos fundamentales y libertades públicas. Esta contempla ciertas situaciones en las que se podrá realizar una intervención sin el consentimiento del paciente, únicamente por riesgo a la salud pública o por riesgo inmediato y grave a la integridad del enfermo. Si no es así, supone una negligencia médica tanto en caso de no haber recibido información suficiente o real sobre las consecuencias de la intervención o tratamiento, como en caso de no haber respetado la decisión del paciente.

• Si crees que tú o alguien conocido podría sufrir de una negligencia médica, no dudes en contactar a un abogado o servicio legal. A nivel civil, la omisión de información puede generar responsabilidad por daño, al vulnerar derechos del paciente. Además, puede haber responsabilidad penal si la negligencia pone en peligro la vida o integridad del paciente.

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