DEPENDENCIA, DISCAPACIDAD Y ENVEJECIMIENTO
Las consecuencias del desarrollo social y la mejora de la calidad de vida en nuestra sociedad, han logrado un incremento de la esperanza de vida durante todo el siglo XX. Según el INE del año 2019, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 86,22 años, y los hombres de 80,87 años. Se encuentran entre las cifras más altas de Europa y del mundo.
La vejez trae consigo grandes cambios a nivel individual y social, dificultando en algunas ocasiones el mantenimiento de la calidad de vida en esta etapa. Es por esto que se han tenido que tomar medidas desde los poderes públicos para la búsqueda de soluciones que aseguren la atención que las personas mayores, dependientes y/o con discapacidad merecen y precisan. Las medidas adoptadas se encaminan hacia la conservación de la autonomía personal, el mantenimiento de la independencia y autogestión económica, la mejora del estado de bienestar, y la promoción de la participación social.
Como consecuencia del cambio en los patrones de enfermedad y muerte de la población, el aumento de la esperanza de vida de las personas mayores ha incrementado el porcentaje de las personas que tienen una enfermedad crónica diagnosticada: cerca del 70% de los mayores de 65 años padecen problemas crónicos de salud relativamente estables; aunque por otro lado, un 10% del total deriva en enfermedades incapacitantes.
Las poblemáticas que nacen de forma natural con la edad pueden generar discapacidades diversas, desde problemas en la movilidad hasta afectaciones sensoriales por ejemplo. Estas nuevas situaciones vitales pueden suponer una necesidad de apoyo para desarrollar las actividades más comunes del día a día, es decir, las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Cuando esta necesidad aparece se dan las situaciones de dependencia. Éstas están reguladas en España por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia (Descargar).
Según los datos recogidos por el Imserso en julio de 2020, hay más de 1 millón de personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, siendo el 71,86% mayores de 65 años. En concreto un 18,05% del total tienen una edad entre los 65 y los 79 años, y un 53,81% superan los 80.
La Ley de Dependencia ofrece servicios y prestaciones económicas en su catálogo de recursos, siendo mayor la cifra de personas que han accedido a un servicio (68,57%) que las personas que perciben prestaciones económicas (31,43%).
Del total de personas con la situación de dependencia reconocida, 878.890 son beneficiarias de Grados III y II (grandes y severos dependientes). Todavía hay un 10,88% de personas con dependencia reconocida que están a la espera de recibir la prestación. Por otro lado, las personas con Grado I de dependencia son 470.060, siendo el 30,09% el que está todavía pendiente de recibir la prestación que ya tienen reconocida. Aún con las largas listas de espera comentadas anteriormente con porcentajes, la cobertura nacional media es mucho más alta: 69,91% de Grado I y un 89,12% de Grados III y II.
Tan importante es prestar atención y apoyo a las personas que ya se encuentran en situación de dependencia como lo es prevenir o intentar retrasar lo máximo posible la aparición de la misma. La realidad es que se pierden capacidades con la edad y aparecen dificultades, pero no son inevitables: envejecer con salud es un proceso que dura toda la vida.
Más información
El portal de la Fundación Padrinos de la Vejez ofrece toda la información sobre el reconocimiento de la situación de dependencia.(aquí).
